"Se legitima un recurso entre comillas legal, dado que es decreto de la dictadura, para hacerle un sumario a un docente. Por eso advertimos que se está llevando adelante una situación que es condenada internacionalmente", fustigó el trabajador.

Anunció que la junta ejecutiva del gremio prepara las acciones que se presentarán en la Secretaría de Derechos Humanos y también se pedirá al titular de la cartera educativa cuáles son las normativas que considera vigente para resolver conflictos en el sistema educativo.

Al parecer el Gobierno, molesto por la actitud manifestada por el equipo técnico del colegio Sobral, que en su totalidad se adhirió a las medidas de fuerzas, utiliza un decreto del año 1981 y, de esta manera, sustenta las acciones de apercibimiento.

Catena, comentó además que el caso ya tomó estado nacional, dado que recibió llamadas de distintos representantes de los docentes del país, que no logran creer que un Gobierno, que dice ser de los trabajadores, utilice este tipo de herramientas ya desechadas.

"Parece que esta noticia ha sido muy fuerte, y la verdad nos ha sorprendido como repercutió a nivel nacional", reconoció.

Finalmente, señaló que con el Ministerio no tienen nada que discutir, no obstante, informó que dejaron abiertas las puertas para que la gobernadora Fabiana Ríos determine si se hizo con su conocimiento y consentimiento "o si fue una decisión que se tomó unilateralmente desde el Ministerio de Educación, y ella tendrá que decir se avala esta práctica", concluyó.