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ACERCAMIENTO DE POSTURAS EN LA LEGISLATURA
La reforma tarifaria se achica
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 Ante las disidencias entre oficialismo y oposición, ahora la Legislatura avanza en una "ley corta" sobre aspectos en los que hay consenso, como el fin de la "tasa cero" a la pesca, industrias plásticas y textiles y construcción. Se elevarán tasas a las petroleras y electrónicas y subirá el impuesto inmobiliario rural. Se creará un Fondo para atender emergencias, que se nutrirá con el 1% de ingresos brutos.
(10/01/2008) USHUAIA - Los legisladores de todos los bloques políticos se comprometieron ayer a sancionar antes del 31 de enero una ley que contemplará los aspectos más salientes del proyecto de Justicia Tributaria impulsado por el Gobierno, y que dejará de lado otras medidas para que sean debatidas en forma más pormenorizada.
La iniciativa que fue bautizada como "ley corta" incluirá tributos a actividades que estaban beneficiadas por "tasa cero" como la pesca, las industrias plásticas y textiles y la construcción, a la vez que elevará las tasas que se cobran a las empresas petroleras y electrónicas, subirá el impuesto inmobiliario rural y creará un Fondo de Solvencia Social para atender las distintas emergencias que afronta el Estado, que se nutrirá con el 1% del impuesto a los Ingresos Brutos.
Los integrantes del bloque del Frente para la Victoria, el Movimiento Popular Fueguino y la Unión Cívica Radical (además del ARI que impulsa la ley) adelantaron esa postura al ministro de Economía, Eugenio Sideris, y a otros integrantes del gabinete gubernamental que participaron de una nueva reunión de la comisión de Economía de la Legislatura.
Los funcionarios de la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos llevaron al recinto un proyecto de trece artículos que contempla los aspectos de la ley de Justicia Tributaria sobre los que existe mayor consenso, y que deja de lado, aunque con el compromiso de un debate posterior, los puntos que habían despertado controversia, en especial los que abarcaban al sector comercial.
El ministro Sideris reiteró durante el encuentro que la provincia atraviesa una severa crisis económica producto de un déficit mensual del orden de los $30 millones heredado de la gestión anterior, y que ello derivó en los problemas financieros que obligaron a diferir el pago de los sueldos a los empleados estatales.
Al respecto, Sideris mencionó que en la cuenta unificada del Estado hay alrededor de $18 millones y que se mantiene una deuda con los municipios de unos $15 millones. También explicó que aun se espera el ingreso de $34 millones prometidos por el Gobierno Nacional como ayuda financiera extraordinaria (son fondos no reintegrables) y que se está negociando un anticipo de coparticipación de $50 millones a descontar a partir del mes de julio de este año.
Por todo ello remarcó la urgente necesidad de que se apruebe la "ley corta" que producirá ingresos genuinos a las arcas provinciales, y que se conjugará con medidas de restricción del gasto que anunciará Ríos mañana en cadena provincial.
Los legisladores de la oposición pidieron una serie de datos al Poder Ejecutivo y se comprometieron a tratar el asunto en una sesión que, en principio, se realizaría el 28 de este mes.
El legislador de ARI Roberto Crocianelli calificó la reunión como "muy buena" y destacó "el grado de avance significativo" que tuvo idea de desdoblar el proyecto original para "darle mayor dinamismo y priorizar los puntos que tienen mayor grado de acuerdo".
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