El funcionario expresó que "se notificó de una nueva audiencia para el día lunes para que el gremio reconsidere la situación y se siente a negociar", pero "al no querer presentarse se dio por concluida la discusión salarial".

En tanto, respecto del anuncio de sumarios para los directivos que se nieguen a informar sobre los docentes que adhirieron a las medidas de fuerza, manifestó a FM del Glaciar que "el Ministerio se anoticia de las novedades por parte de los directivos y esa responsabilidad conlleva a la remisión de información, que no se ha hecho. No es una amenaza ni mucho menos, sino cumplir con la normativa vigente".

Por otra parte, rechazó las críticas de la dirigencia docente que lo declaró persona no grata y traidor al gremio por su pasado como abogado de la entidad, y observó que "hoy tengo a cargo la responsabilidad de ser un funcionario público". Y añadió: "Más allá de eso, si se quieren judicializar los descuentos no me parece mal".

"Están en todo su derecho de hacerlo pero hay un criterio firme de que el día que no se trabaja no se cuenta. El año pasado tuvo que ver con el incumplimiento previo del empleador al no cancelar el salario en una sola cuota y esto no sucede ahora, por lo cual no hay elementos para que la Justicia ordene los días caídos; es una situación objetivamente diferente".

Aramburu sostuvo que "la definición que tomó la gobernadora fue sostener el incremento salarial propuesto, tornándolo efectivo con el dictado de un decreto", ante lo cual "los docentes tienen la posibilidad de seguir con las medidas de fuerza, que tiene consecuencias".

Asimismo, recordó que "el no acatamiento de la conciliación obligatoria que sigue vigente hasta el miércoles (por hoy) implica el riesgo de la pérdida de la personería gremial y el eventual sumario para las personas involucradas".

El ministro de Gobierno expresó que "a esta altura no me preocupan mucho las apreciaciones de los dirigentes gremiales sobre la conferencia de prensa de la gobernadora; hacen referencia a incumplimientos de leyes pidiendo la intervención de un fiscal para el análisis de la legalidad del dictado de un decreto, cuando hablamos de un gremio que decidió lisa y llanamente no acatar la conciliación obligatoria".

"Hablamos de una dirigencia gremial que aseguró públicamente que la Gobernadora se ha aumentado el sueldo y la realidad indica lo contrario, hablamos de un gremio que dice que Nación ofreció dinero para el aumento y la Gobernadora lo rechazó; por eso hablamos de un gremio que no me interesa mucho lo que diga", concluyó.