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NO SE DESCARTA UNA PRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA EMPRESA INVERSORA
El “convenio chino”, ¿un paso en falso?
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Nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser el desenlace del mentado acuerdo y muchos menos que hará la empresa, luego que la Justicia fueguina diera por tierra con todo lo hecho por el Gobierno. ¿Se viene el tan temido juicio a la Provincia?

(02/03/2010) USHUAIA.- Lo único que tiene en claro el Gobierno provincial es que reflotar el convenio chino es una pérdida de tiempo, mientras la renovación de los contratos petroleros y la CA 12 aparecen como tareas menos riesgosas y más apetecibles. Por eso Fabiana Ríos ratificó en su discurso al Parlamento que el Ejecutivo no apelará el fallo que dictaminó la inconstitucionalidad de la ley 774, que sustentaba legalmente el acuerdo con el grupo inversor asiático, por lo que la suerte de esta iniciativa está echada.

Lo curioso del caso es que nadie sabe cómo continúa esta película y mucho menos qué pasara con el depósito de 3 millones de dólares que la empresa Tierra del Fuego Energía y Química SA había hecho en el BTF.

Mientras en el Gobierno especulan que nada sucederá, fuentes de la empresa china hablan de estudiar el caso y actuar en consecuencia.

Si bien los chinos no lo dicen con todas las letras, todo indicaría que lo que están estudiando son las posibilidades concretas de demandar al Gobierno "por negligencias e incumplimiento de contrato".

Recordemos que la gobernadora reconoció que en el fallido proceso de venta de gas a la empresa china "Tierra del Fuego Energía y Química estuvo viciado de "errores del propio Gobierno".
La mandataria le dedicó en su discurso un extenso párrafo al polémico acuerdo firmado con la empresa de capitales chinos para la explotación de hidrocarburos en el norte de la provincia. Ríos afirmó que la polémica venta de gas de regalías con la empresa china pasó por una serie de vicisitudes en "algunos casos por errores propios y en otros casos por mezquindades viscerales y en otros casos por convicciones profundas de que se trataba de una buena operación para Tierra del fuego".

Ante las sospechas que se plantearon en torno de la transparencia del acuerdo por la venta de gas, Ríos fue contundente al negar que detrás de la inversión de hidrocarburos existiera un negocio.

Es más, la mandataria resaltó que la modificación de la ley territorial Nª 6 permitirá abrir un registro de empresas interesadas en industrializar los recursos hidrocarburíferos.


Flores para los legisladores

Si bien una de las sospechas más fuertes de corrupción que danza en torno al convenio chino recae sobre la propia Legislatura, por donde habrían recalado los "intereses chinos", la gobernadora le dedicó parte de su discurso a recomponer las relaciones con la Cámara.

"Nosotros necesitamos que nos controlen y sabemos que nos van a controlar. Estamos realmente satisfechos de que esto sea así. No tenemos ningún problema en el reconocimiento de los errores de buscar de nuevo que esto efectivamente pueda hacerse. No claudicar en la necesidad de agregar valor a lo que tiene que ver con la explotación del gas en Tierra del Fuego", indicó la mandataria.
La renovación petrolera y la CA 12

Siempre se dijo que lo más importante que hay por delante en tema de los hidrocarburos son las renegociaciones de los contratos petroleros que vencen en 7 años más.

"Si el Gobierno va a encarar las renegociaciones petroleras de la misma forma en que lo hizo con el convenio chino, se va a encontrar con una fuerte oposición", dijo un parlamentario opositor sin reparar que tal vez la renegociación no pase por la Legislatura, ya que desde el Gobierno se viene advirtiendo que es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo.

El parlamentario riograndense recordó que ni bien asumió Ríos, uno de sus primeros actos fue dar por tierra la licitación que Hugo Cóccaro había llevado adelante y cuyo beneficiario había sido Lazaro Báez, uno de los hombres sindicados como "testaferro" de los Kirchner.

"Ahora que Ríos esté en buenas migas con los Kirchner es probable que ya sepamos quién va a ganar la licitación" dijo el legislador refiriéndose a la CA-12, una de las pocas áreas secundaria que le queda a la provincia en su poder.

Según lo anunció la gobernadora en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, van a buscar licitar dichas áreas, aunque nada dijo de la tan anunciada "consulta popular" sobre el tema. "Ríos sabe que si hace una consulta popular pierde de punta a punta", dijo la fuente consultada.

En cambio, la gobernadora en un nuevo gesto de buena relación con los legisladores, dijo que se dará intervención a una comisión para que revise las acciones del Gobierno en ese sentido.
La renegociación de contratos que vencen en 2017 se deberá encarar este año con las empresas petroleras que operan en Tierra del Fuego. La propuesta es ampliar los contratos por 30 años y elevar las regalías del 12 al 15%, con la obtención de un canon extraordinario de más de 1.400 millones de pesos. Ríos anunció en ese sentido que se actuará de acuerdo a la Ley 17.319 que fija las atribuciones del Gobierno para la renegociación "por única vez" de los mismos.

En el caso del expediente de la licitación del área CA-12, informó que ya ha pasado por el Tribunal de Cuentas, por lo tanto quedan pocos pasos pendientes para que "se haga público y sea transparente".

Lo cierto es que la gobernadora desistió de usar el mecanismo de consulta popular como herramienta para brindar transparencia a dos acciones claves en la explotación de hidrocarburos en la provincia: la licitación del área CA-12 y la renegociación de los contratos petroleros.

"La brutalidad y la violencia puesta de manifiesto a lo largo de todo el año, me hicieron desistir de la idea de convocar a una consulta popular", dijo Ríos, quien cuando era legisladora de la oposición abogaba por esa herramienta de participación de la ciudadanía.
"Me hago cargo personalmente de esto porque es muy difícil discutir con racionalidad cuando a quien uno tiene en frente, lo único que plantea es el agravio, la duda y la denuncia. Hasta tuvimos allanamientos en Casa de Gobierno", dijo muy molesta la mandataria fueguina.

La renegociación de contratos se deberá encarar este año con las empresas petroleras que operan en Tierra del Fuego, anunciando en ese sentido que se actuará de acuerdo a la Ley 17.319 que fija las atribuciones del Gobierno para la renegociación "por única vez" de los mismos.
En el caso del expediente de la licitación del área CA-12, informó que ya ha pasado por el Tribunal de Cuentas, por lo tanto quedan pocos pasos pendientes para que "se haga público y sea transparente".

"No pudimos ni siquiera habilitar la auditoria de terceras organizaciones porque hasta eso fue cuestionado", lamentó Ríos, criticando que "cuando quisimos que Poder Ciudadano interviniera en la licitación del Area CA-12 también se nos cuestionó; esto fue inusual e inédito, pero pasó en Tierra del Fuego".

La gobernadora justificó su decisión ante "este grado de irracionalidad" y en el "ejercicio de la autoridad que me ha dado el pueblo de Tierra del Fuego, en los próximos días de este mes habilitaremos el registro de empresas interesadas en renegociar contratos, y que digan lo que les parezca".

"El Gobierno de la Provincia, que no es irresponsable y reconoce la legitimidad política de la Legislatura, constituirá una comisión para que revise todo lo previo al llamado a licitación", argumentó.


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